La mina de uranio que hace 17 años genera conflictos
Está en San Rafael y fue explotada durante dos décadas por la CNEA. El valor actual del mineral empuja a la Nación a plantear su reapertura y la Provincia aceptaría. Pero hay resistencia
Por Laura Fiochetta
El Gobierno provincial no lo oculta. Una vez más hay interés de la Nación por reabrir la mina de uranio Sierra Pintada, que queda en San Rafael y que fue explotada por la Comisión Nacional de Energía Atómica desde 1975 hasta 1995.
Con ese cierre, se abrió un conflicto que lleva 17 años sin resolución debido a la presencia de residuos contaminantes que aún no fueron saneados. El rechazo que genera ese emprendimiento quedó en evidencia ayer en Alvear, con la manifestación de ambientalistas que reclamó al gobernador, Francisco Pérez, que no vuelva a funcionar.
La CNEA empezó a operar Sierra Pintada en 1975 y, según se calcula, hubo una extracción de 1.600 toneladas de uranio (1.000 en San Rafael y 600 en Malargüe, donde quedó la mayoría de los residuos). Pero 20 años después cerró. Esa decisión se debió básicamente a que era más barato importar uranio que producirlo en la Argentina: era la época de la convertibilidad menemista y además el precio del mineral a nivel internacional estaba bajo. Pero la CNEA dejó residuos sin el tratamiento necesario para evitar la contaminación de la zona: 1.000 toneladas de desechos sólidos enterrados en 5.320 tambores y 1.700.000 colas de uranio.
En 2003, con otro marco político-económico, el organismo nacional anunció su intención de extraer nuevamente uranio y como requiere de la venia de la Provincia para hacerlo, le presentó al por entonces gobernador radical Julio Cobos una evaluación de impacto ambiental avalada por la Universidad Tecnológica de Avellaneda.
Pero el Gobierno rechazó la posibilidad de reabrir la mina. A través de una resolución firmada por el ex ministro de Ambiente y Obras Públicas Francisco Morandini se estableció que la CNEA debía resolver antes la situación de los residuos si pretendía extraer otra vez uranio. Además, puso condiciones a la evaluación presentada: debía estar bajo el régimen legal provincial.
Más allá de las decisiones gubernamentales, ante la presencia de las colas de uranio en el Sur y las denuncias crecientes de contaminación, se gestó en los últimos diez años la multisectorial del Sur por un Desarrollo Sustentable (que reúne a casi 40 entidades de distinta índole del departamento) que comenzó con una intensa lucha que incluyó una pelea judicial. Fue así que la organización se presentó ante el Juzgado Federal de San Rafael y consiguió en 2005 una medida cautelar que impedía la actividad en Sierra Pintada.
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