Hidroaysén: Nuevo recurso de protección en contra de la Comisión de Evaluación Ambiental
Este jueves 9 de junio la Corte de Apelación de Coyhaique rechazó un recurso presentado el 5 de mayo pasado para impedir que ocurriera la aprobación del proyecto hidroeléctrico Hidroaysén. También recibió un nuevo recurso de protección en contra de la Comisión de Evaluación Ambiental que tramitó el plan de construcción de las cinco represas.
Este jueves 9 de junio, el abogado del Consejo de Defensa de Patagonia, Marcelo Castillo, interpuso un recurso de protección en contra de la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) de Aysén en la Corte de Apelaciones de Coyhaique.
El tribunal rechazó este mismo día otra demanda presentada el pasado 5 de mayo por un grupo de ciudadanos y parlamentarios en contra de la decisión de la intendenta de la Región de Aysén, Pilar Cuevas, de convocar a la sesión de la CEA que aprobó el proyecto hidroeléctrico Hidroaysén el 9 de mayo.
Los ministros coyhaiquinos que emitieron la sentencia, Pedro Castro, Sergio Mora y Luis Sepúlveda, declararon que “no hubo acto arbitrario o ilegal” al convocar a la citada reunión y que, además, ha perdido vigencia la acción dado que la “reunión ya se realizó”.
“El objetivo del recurso de protección presentado hoy es que la Corte deje sin efecto la resolución que aprobó el proyecto HidroAysén por cuanto ella es arbitraria e ilegal”, explicó Castillo.
“Básicamente, el proyecto se aprobó con informaciones irrelevantes sin cumplir la legislación ambiental, o sea no se respetaron los procedimientos vinculantes que requiere esta ley. A esta infracción mayor se añaden otras como la falta de garantías mínimas con respecto a la participación ciudadana por ejemplo”, añadió el experto.
El presidente del Consejo de Defensa de Patagonia, Patricio Segura, expresó que “nosotros confiamos en que los Tribunales de Justicia harán que impere el derecho en nuestro país porque no puede ser que una empresa por sus recursos económicos simplemente quiera pisotear una región completa pasando a llevar el Estado de Derecho y la institucionalidad ambiental”.
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